Nos hemos vuelto locxs. Y a fuerza de criticar los excesos que se han cometido en democracia, nos la estamos cargando, primero dejando que unos, silenciosamente lo hagan porque quieren, y segundo, autoconvenciendonos, en algunos casos, de que cualquier medida populista vale para mejorar la democracia, a pesar de que en la praxis, pueda incidir en lo contrario.
Hoy no les voy a hablar de los que quitan concejales porque "gastan" o quitan el suelo a parlamentarios porque "sobran". Hoy les voy a hablar de algo mucho más simple, pero que es un detalle que atenta directamente contra el principio de prestigiar la propia democracia.
La Junta Electoral ha decidido que España sea el único país europeo que no puede hacer política institucional para animar a votar. La misma semana, el Gobierno Vasco aprueba el Proyecto de Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, en el mismo sentido. El argumento: el derecho a la abstención hay que protegerlo también.
O lo que es lo mismo: regulemos también el que la democracia se tire piedras sobre su propio tejado.
Me resulta curioso que esto salga ahora, cuando no hay que tener mucha memoria para recordar anuncios en otras campañas que decían "el próximo XX de este mes hay elecciones, recuerda que puedes acudir a votar a tu colegio o por correo, revisa que estés en el censo" o algo así. Justo ahora, en la mayor crisis de la política y por tanto en la mayor crisis de la democracia, porque democracia sin política no se entiende.
Y para dejar una cosa clara: el derecho a la abstención no existe. El derecho es a la participación en las elecciones, es decir, a votar, y renunciar a ese derecho, que también es posible, se le llama abstención. Lo que no puede ser es que la administración, cuya autoridad soberana nace de quienes votan y no de quienes no votan, no pueda animar a ser relegitimada como administración (independientemente del partido o de si hay cambio de gobierno), con animar a votar. Es más, el deber constitucional y legal de los poderes públicos, a mi forma de verlo, es precisamente el fomento de la participación política, no lo contrario.
Y más ahora, si cabe, que la administración debería ser, si, con dinero público, la primera garante de que las personas mejoren su visión de la administración como bien público imprescindible para autorregularnos en sociedad, independientemente de corrupciones y malos usos. Es decir, quien garantice transparencia por un lado, para que no haya malos usos de ella, si, pero también la que dignifica su existencia, y se relegitima, por ejemplo, animando a votar.
Esto me recuerda a la lucha ideológica que hubo en torno a Educación para la Ciudadanía. "Oigan es que los niños no se les puede adoctrinar en valores democráticos, tienen que aprender con sus padres y madres". Críticas que venían de los mismos que tienen preparada toda una red de adoctrinamiento carca y conservador.
Piensen a quienes les beneficia la abstención. Y ahora piensen por qué aprovechan la crisis para convencernos de que este derecho también lo tiene que proteger la administración, aunque atente contra ella. Es ridículo, por no decir, que es muy "casual" que justo se nos ocurra ahora. En el momento en el que es evidente que algunos están usando la crisis para hacer lo que nunca se atrevieron a hacer, en derechos sociales, en libertades, pero también en democracia o ausencia de ella.
Bajo el principio de que la abstención es un derecho, no creer en la democracia también lo es, y cualquier día nos la prohíben. Si es que, a lo tonto a lo tonto, no nos la hemos dejado robar ya.
Nota: Corregido sobre el texto original lo que está en negrita.
Nota: Corregido sobre el texto original lo que está en negrita.
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