Los jueces:

Trabajadores somos todos con un empleo. Pero se pueden diferenciar en varios grupos. Uno de esos grupos sería el siguiente: trabajadores versus funcionarios.

El trabajador tiene derecho a huelga, porque se le presupone en situación de inferioridad indefensa respecto del patrono o empresario.

El funcionario no tiene derecho a huelga porque se le presupone en situación equilibrada, porque no tiene patronos, ni empresarios que se deban a ganar mas dinero, a perder menos o a gestionar en función de un mercado, y solo tiene superiores jerárquicos para el funcionamiento de la institución pública a la que pertenezca.

Pero no es la primera vez, que la Polícía Municipal hace el “brazos caidos”, no pone multas, salvo gran infracción, pero no hace huelga. Es un método de protesta para decir: oigan poderes públicos electos, no nos están tratando bien. Lo mismo podría pasar con el secretariado de las instituciones. No me parece mal. No haces huelga para presionar al empresario a que te tenga en cuenta, sino que protestas para que el superior jerárquicamente no se olvide de ti.

Pero aquí, sin embargo, cuando hablamos de jueces, estamos hablando de que se pueden hacer sub-grupos dentro del funcionariado: el funcionario, y la institución. El funcionario y un pilar democrático. Estamos hablando que el juez, es el único trabajador que está encima de la jerarquía, junto a políticos y gobernantes.

Y algunos medios, están haciendo una comparación que, aunque válida para ilustrar, no deja de ser un disparate: “es como si los políticos hiciesen huelga”. Pues muy señores míos, si los políticos hiciesen huelga, bastaría con que dos ciudadanos fundasen el partido de la izquierda y el partido de la derecha, para que PP y PSOE desapareciesen del mapa político en las siguientes elecciones. Ahí está el quid de la cuestión: es imposible que los políticos hagan huelga porque son electos.

Señores jueces, ¿abrimos ese debate?

Yo opino que ambos sistemas, el de oposición y el de elección directa, tienen sus pros y sus contras.

La elección directa garantiza que un juez no se crea con derecho divino y hasta la muerte, juez y se aplique en no parecerlo, pero también provoca que tome decisiones mas que en base a la ley, a sus propios intereses de reelección.

Las oposiciones, garantizan una estabilidad en el sistema judicial, pero provocan una politización natural pero injustificada de la justicia, una relajación natural en la productividad, puesto que no peligra su puesto de trabajo, además de un poder que no debieran tener.

Yo propongo algunas cosas para combatirles, si es verdad que no pueden hacer huelga (aunque también es cierto que ellos lo sabrán mejor que nadie):

1.- Abrir el debate sobre la elección de la justicia (cosa que sería imposible modificar, puesto que habría que modificar la constitución) o sobre elegir al menos el CGPJ.

2.- Si un funcionario no puede hacer huelga y la hace, es uno de los motivos para que pierda la plaza. Provocar la pérdida de plazas y convocar oposiciones nuevas. Claro, pero ¿quién las juzga?

3.- Limitar la plaza de oposición de un juez a 10-15 años (no se ni si se podría), pasado ese tiempo, volvería al mundo del derecho privado, o a la fiscalía, o nuevas oposiciones para otra plaza, pero como juez no tendría muchas dificultades en encontrar algo.

El tema se acabará de algún modo. Sin embargo, este debate lo tengo conmigo mismo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, habría que tenerlo. No tendría que acabarse cuando la tensión se calme. No es cuestión de estar o no con el gobierno. No es cuestión de criticar o no al gobierno. Es cuestión de mejorar o modificar un pilar de un Estado, y en todo caso, criticar o no a los jueces.